Nueva ley que busca fortalecer las inspecciones del trabajo

El pasado 2 de Enero de 2013, el Gobierno nacional sancionó la Ley 1610, que regula algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de formalización laboral. La norma establece que los inspectores del trabajo y seguridad social ejercerán sus funciones en todo el territorio nacional, en asuntos individuales y colectivos del sector privado y de derecho colectivo del trabajo y del sector público.

La ley 1610 establece que las inspecciones del trabjo y de seguridad social se regirán, entre otros, por los convenios de la OIT 81 de 1947, sobre inspecciones del trabajo en la industria del comercio y, 129 de 1969, sobre sistemas de vigilancia en la agricultura.

El Gobierno deberá de expedir la reglamentación de esta norma antes del proximo mes de Julio, con la participación de una comisión de concertación de políticas salariales y laborales.

La ley 1610 de 2013 les asigna una función preventiva a las inspecciones, orientada a adoptar medidas que garanticen los derechos del trabajo, así mismo tendrán una función de policía administrativa, a través de la cual podrán requerir o sancionar a los responsables de violar normas laborales. Otra función es la conciliadora, que corresponde a que los inspectores puedan intervenir en la solución de conflictos  laborales, con lo que se agotará la vía gubernativa.

De otro lado la norma en comento asigna a los inspectores una función de mejoramiento de la normativa laboral, por lo que estos funcionarios podrán intervenir en la implementación de iniciativas que permitan superar los vacios y las deficiencias procedimentales que se presentan en la aplicación de las disposiciones legales vigentes.

En el contexto que plantea la norma los inspectores quedarán facultados para imponer multas y sanciones, como tambien clausurar un lugar de trabajo o la paralización o prohibición de tareas, sin que con estas atribuciones pueda decirse que el funcionario haga declaratorias de derechos individuales o definición de controversias.

Las multas oscilarán entre 1 y 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

(L.1610, ene.2/13)

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